Al inicio de su mandato, el expresidente Enrique Peña Nieto celebró con los partidos de oposición, un acuerdo para materializar múltiples reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al que denominaron “Pacto por México”, un acuerdo político que le permitiría hacer reformas estructurales de corte neoliberal a la Constitución en materia educativa, laboral, hacendaria, financiera, así como en materia energética y de telecomunicaciones.
Al amparo del Pacto por México, se reformaron los artículos 27 y 28 constitucionales con un objetivo visible; abrir al mercado la exploración, producción y generación de petróleo, gas natural y energía eléctrica, es decir; permitir la participación de particulares en actividades anteriormente reservadas al Estado consideradas hasta ese entonces como áreas estratégicas y con ello, desmantelar gradualmente a las paraestatales PEMEX y CFE, cediendo cada vez más terreno al sector privado.
En su discurso para anunciar esta iniciativa de Reforma, además de afirmar que bajarían los precios del gas y de la luz, algo que nunca ocurrió, Peña Nieto llegó al absurdo de afirmar que con esa reforma “se retomaría el espíritu de la reforma energética del Presidente Lázaro Cárdenas”, nada más alejado de la realidad, pues lo que consignaba el nuevo texto constitucional y sus leyes reglamentarias, era justo lo diametralmente opuesto.
En materia eléctrica, la reforma contempló dividir a la Comisión Federal de Electricidad en 9 empresas subsidiarias, entre las cuales se distribuyeron las funciones de la paraestatal; generación, transmisión, distribución y suministro, al mismo tiempo que se creó un organismo externo encargado de otorgar los permisos para generación de energía eléctrica y decidir bajo “criterios de mercado” a qué planta se conectaba a la red de distribución: la Comisión Reguladora de Energía (CRE), además se otorgaron contratos por hasta 25 años a empresas privadas mientras CCFE se ha visto obligada a limitar su producción de electricidad.
Actualmente, como resultado de la Reforma energética de 2013, la electricidad que se consume en los hogares mexicanos proviene en su mayoría de empresas privadas, un 62%, frente al 38% que se consume de plantas generadoras de energía eléctrica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Bajo estas consideraciones, bien valdría la pena preguntarnos ¿por qué actualmente la CFE solo genera un 38% de la energía que consumimos si hasta hace apenas unos años producía el 100%? ¿acaso CFE ya no cuenta con la capacidad para producir energía eléctrica? ¿sus plantas dejaron de ser funcionales? ¿por qué se tiene que comprar energía a empresas privadas, en su mayoría extranjeras, cuando las plantas nacionales están subutilizadas?
La respuesta a estas interrogantes constituye hoy el centro del debate en la arena legislativa, pero también en la arena pública. No es para menos. La soberanía energética y con ella una buena parte de la soberanía nacional se debate en estos momentos en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Con la iniciativa de contrarreforma eléctrica enviada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al Congreso el pasado 30 de septiembre, se pretende que el Estado recupere la rectoría del sistema eléctrico nacional y con ello, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
El planteamiento medular es simple:
*Que por lo menos el 54% de la energía eléctrica que se consume en el país provenga de plantas de la CFE.
*Que se cancelen los contratos leoninos vigentes con el sector privado de compra de electricidad por hasta 25 años, y
*Que sea la CFE quien otorgue los permisos de generación de energía eléctrica y quien decida qué plantas de generación de energía eléctrica se conectan primero a la red de distribución, y no la CRE como actualmente ocurre.
En este contexto, el pasado lunes 18 de enero dio inicio el parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica, el cual durará un mes, en donde cada día de la semana se escuchará a expertos, analistas, representantes políticos y a la ciudadanía interesada, quienes expresarán opiniones a favor y en contra de esta reforma, a fin de perfeccionarla y encontrar los consensos necesarios en la sociedad y en ambas Cámaras, lo cual constituye de por sí un ejercicio de transparencia, socialización y democracia participativa sin precedente.
Se espera que a más tardar en el mes de marzo se someta a votación esta Reforma, de modo que una vez más quedará al descubierto quién está del lado del pueblo y del Estado mexicano y quién del lado de los grandes inversionistas y el privaticionismo rapaz.
No hay lugar a simulaciones, el pueblo ya despertó.
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